La Xunta prevé decretar a lo largo de este año seis nuevas zonas de concentración parcelaria en la provincia de Pontevedra
La Consellería de Medio Rural prevé decretar un total de 23 nuevas zonas de concentración a lo largo de este año 2022 en Galicia, de las cuales seis estarán localizadas en la provincia de Ourense.
Así, estas seis noticias parcelarias supondrán la reorganización de casi 5.900 hectáreas de superficie, distribuidas en cerca de 29.900 parcelas propiedad de unos 4.400 vecinos. En concreto, se decretarán en los ayuntamientos de Caldas de Reis (zona de Bemil), Dozón (zona de San Salvador de Castro), Lalín (zonas de Cristimil, Gallegos, y Goiás-Xaxán-A Veiga) y Valga (zona de San Miguel de Valga).
Estas zonas formarán parte de las 23 nuevas zonas que se decretarán a lo largo de este año en toda Galicia y que supondrán la reorganización de 19.394 hectáreas de superficie, distribuidas en 99.340 parcelas propiedad de casi 14.000 vecinos. Así, además de las seis localizadas en la provincia de Pontevedra, otras seis estarán en la de A Coruña, siete en la de Lugo y cuatro en la provincia de Ourense.
Estos 23 nuevos procesos se sumarán a las cinco parcelarias decretadas el pasado año, las primeras desde la entrada en vigor de la Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia. De esta forma, entre los años 2021 y 2022 se decretarán 28 nuevas reestructuraciones parcelarias, que abarcan un total de 23.613 hectáreas y 107.655 parcelas de más de 15.500 titulares.
Asimismo, hace falta matizar que la Consellería de Medio Rural está estudiando otro ciento de solicitudes para noticias parcelarias, teniendo en cuenta el peso del sector agropecuario de la zona, si las explotaciones muestran interés en esa reestructuración del territorio y la viabilidad del propio proceso en términos medioambientales, entre otras cuestiones a tener en cuenta.
Por otro lado, la Xunta está trabajando a destajo para finalizar los 91 procesos de concentración parcelaria que están abiertos a día de hoy en nuestra comunidad. En este sentido, hace falta destacar que en 55 de ellos, es decir en el 60%, los vecinos ya están usando las nuevas parcelas resultantes. Para eso, el Gobierno gallego destina un presupuesto de 12 millones de euros en 2022, cifra que alcanza los 118 millones de euros desde el año 2009.
Entre el año 2020 y lo que va de 2022, la Xunta finalizó un total de 22 concentraciones parcelarias, que abarcaron una superficie total de casi 16.000 hectáreas, beneficiando la cerca de 10.200 propietarios que recibieron 22.862 títulos de propiedad.
Asimismo, a lo largo de este año la Xunta ha previsto dar por finalizados otros seis procesos de reestructuración -3 en la provincia de A Coruña, 1 en la de Lugo, 1 en la de Ourense y 1 en la de Pontevedra- que abarcan una superficie de más de 2.900 hectáreas y que supondrán la entrega de otros 7.203 títulos a 3.426 propietarios.
La Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia ya advertía de la necesidad de implementar instrumentos capaces de garantizar el cumplimiento del objetivo de mejora de la calidad de vida en medio rural, apostando por mecanismos que permitieran no solo darle más valor a las tierras, sino que también aumentaran la base territorial de las explotaciones y redujeran considerablemente sus costes de producción.
Con esto, la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia da respuesta la esta necesidad, ampliando el abanico de instrumentos destinados a la movilización y recuperación de la tierra agraria y proporcionando nuevos procedimientos y medidas para luchar contra lo abandono de las tierras y poner base territorial a disposición de aquellas explotaciones que la precisen.
Así, la Ley de recuperación incluye mecanismos de movilización como son los polígonos agroforestales, las agrupaciones de gestión conjunta de la tierra, la iniciativa de las aldeas modelo o las permutas de especial interés agrario, entre otras. En este sentido, cabe señalar que a día de hoy ya son 15 los polígonos agroforestales iniciados -o en proceso- y 19 las aldeas modelo declaradas. En total, son más de 5.000 hectáreas de terreno a recuperar.
